En relación con las reivindicaciones para que la Comunidad Autónoma de Canarias obtenga la titularidad de todos los espacios marítimos y aéreos alrededor del archipiélago, de acuerdo a la Ley Internacional del Mar, sin menoscabar la soberanía española, es necesario superar las limitaciones actuales de la regulación jurídica.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 10 de diciembre de 1982, firmada por España y ratificada en 1997, establece un régimen jurídico para las aguas interinsulares de los Archipiélagos de Estado que les discrimina respecto a los Estados Archipelágicos al no permitirles establecer el sistema de líneas de base rectas archipelágicas a partir de las cuáles se miden los distintos espacios marítimos.
A fin de superar esta limitación, la Plataforma por el Mar Canario a través de proposiciones no de ley insta a alcanzar el reconocimiento del estatus de “plena autonomía interna” en el sentido del artículo 305 e) de la Convención de forma que quedara abierta a la firma por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Se apremia al Gobierno del Estado a implementar las medidas legislativas y diplomáticas necesarias para que se reconozca a Canarias el estatus de Plena Autonomía Interna que le permita ser parte de la Convención del mar y así poder delimitar, a partir de las líneas de base rectas archipelágicas, los demás espacios marítimos.